SII arremete por facturas falsas y se querella contra empresarios por un perjuicio fiscal sobre $1.700 millones

Una de las prioridades del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, en sus 18 meses de gestión ha sido reforzar la persecución penal de los delitos tributarios, como la emisión de boletas o facturas falsas, la subdeclaración de ingresos, y los efectos en las arcas fiscales del robo de la madera y el narcotráfico, por citar algunos ilícitos.

Dado lo anterior, el organismo ha potenciado la presentación de querellas y denuncias para recuperar dineros defraudados al Fisco, lo que se ha reflejado en las estadísticas de los últimos dos años.

Uno de los últimos casos que se encuentra judicializado entre el servicio y los contribuyentes se materializó este año en la Región de Los Ríos, donde la entidad presentó dos querellas contra dos ejecutivos por la emisión de facturas falsas y otros delitos tributarios, que involucran un perjuicio al Fisco por más de $ 1.700 millones.

El organismo identificó los delitos en el marco de sus planes de fiscalización enfocados en el segmento de las empresas constructoras. Luego se sumó una acción contra otra sociedad del rubro forestal.

La cronología de los hechos

Según el SII, a partir de los planes de fiscalización que se desarrollan en las distintas regiones del país para asegurar el correcto cumplimiento tributario en el segmento de empresas constructoras, inició un proceso de recopilación de antecedentes que derivó en la presentación de una querella, en marzo de 2023, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, en contra de Marcelo Francisco Zúñiga López, en su calidad de representante legal de la Constructora e Inmobiliaria Santa María Ltda.

Adicionalmente, la acción penal apuntó contra Magaly Pascuala Lara Pineda, en su calidad de contadora de dicha empresa, como autor y coautora de los delitos tributarios previstos y sancionados en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 97, N° 4 del Código Tributario.

En el caso de Lara, también es imputada como autora de delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso final del Código Tributario.

En simple, a ambos se les acusa de delitos tributarios asociados a la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas y el uso de documentos tributarios falsos, además de maniobras “cuyo único objeto fue obtener devoluciones de impuesto que no corresponden”, se lee en la acción interpuesta por el fiscalizador tributario.

De acuerdo con los antecedentes que están a disposición del SII, los involucrados introdujeron a la Constructora e Inmobiliaria Santa María Ltda. un total de 602 facturas falsas, con el objeto de aumentar el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), presentar declaraciones de impuesto a la renta falsas y obtener devoluciones indebidas de tributos.

La cronología del organismo revela que los delitos se habrían cometido entre los años 2017 y 2021, ambos períodos inclusive, por un perjuicio fiscal total de $ 1.338,8 millones.

Nueva acción penal

Esto no es lo único, ya que el 10 de julio pasado el servicio presentó una nueva querella ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli en contra de ambos directivos, nuevamente por los delitos previstos y sancionados en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 97, N° 4, del Código Tributario: presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, documentos tributarios falsos y maniobras para solicitar la devolución de impuestos en casos en que no corresponde.

La diferencia es que en esta oportunidad la acción apunta a una empresa ligada al rubro forestal.

Según el servicio, Zúñiga, en su calidad de representante legal de Maderas Marcelo Francisco Zúñiga López E.I.R.L., y Magaly Lara, en su calidad de contadora de esta empresa, incorporaron a la sociedad 407 facturas falsas, con el objeto de aumentar el crédito fiscal de IVA, presentar declaraciones de de gravamen a la renta falsas y obtener devoluciones indebidas de impuestos, ocasionando un perjuicio fiscal total ascendente a la cantidad de $ 396.010.381.

De esta forma, ambos directivos están acusados por el SII de cometer, en total, cuatro delitos tributarios entre los años 2017 y 2022, mediante el uso de 1.009 documentos tributarios falsos, con los que ocasionaron un perjuicio fiscal que llega, en total. a $ 1.734.876.768.